Por el presunto delito de celebración indebida de contratos por las irregularidades halladas en el Programa de Alimentación Escolar PAE de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en su lugar de residencia al gobernador de Santander, Didier Alberto Tavera Amado
Según el Alto Tribunal, el mandatario regional está implicado en aparentes irregularidades en la suscripción de, al menos, tres contratos relacionados con el PAE.
Para la Fiscalía General de la Nación, Tavera estaría comprometido en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Entre los argumentos propuestos por el ente investigador está una suscripción aparentemente irregular de tres contratos en 2016, los cuales habrían permitido beneficiar a terceros, y posiblemente afectado el patrimonio del departamento en, por lo menos, 10 mil millones de pesos.
El magistrado del caso consideró que la medida a aplicar debería ser aseguramiento en el lugar de residencia para evitar que Didier Tavera, cuyo período termina el 31 de diciembre del presente año, pueda suscribir otros contratos que lleguen a afectar la administración pública y el erario del departamento.
#Video | Este es el momento en el que le imponen medida de aseguramiento con detención domiciliaria al gobernador de Santander, Didier Tavera, por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, 2016. #OpinaSantander pic.twitter.com/mjJlRgbN55
— Opina Santander (@OpinaSantander) December 11, 2019
La medida de aseguramiento en centro carcelario, pedida inicialmente por la Fiscalía, no fue avalada por el magistrado que condujo el caso por considerar que no se cumplían los requisitos para la misma.
El enredo que mantiene hoy privado de la libertad al gobernador Tavera, tiene que ver con la firma del contrato 601 de 2016 con la empresa Surcolombiana de Inversiones, que era propiedad de Germán Trujillo Manrique, conocido como el Zar del PAE en Colombia, por un monto de 35 mil 767 millones de pesos y que pretendía beneficiar a más de 124 mil estudiantes de 82 municipios no certificados del departamento.
El escándalo más recordado en este irregular proceso que llevó a la cárcel a la secretaria de Educación de la época, Ana de Dios Tarazona; al coordinador del PAE, Aníbal Gonzales; y a Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, fue el del contrato por 30 millones de pesos para el suministro de tamales con una empresa del municipio de Acacías en el departamento de Meta, que se dedicaba a suministrar grúas, y que fue denunciado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá contra el gobernador Didier Tavera no es apelable. Y mientras tanto el presidente de la República, Iván Duque, tendrá que designar en las próximas horas un gobernador encargado hasta el 31 de diciembre.
