En la protección del agua y los páramos, fundamental para los intereses del Gran Santander, el gobierno entrante Petro debe abordar tres puntos principalmente:
Revisar todo el proceso de la nueva delimitación de Santurbán, adelantado por el gobierno Duque, acorde con el mandato de la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, que exigió al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación de nuestra fábrica de agua por excelencia, pues la delimitación de la Resolución 2090 (2014), en el gobierno Santos, vulneró el derecho a la participación ambiental dado que no fue concertada con las comunidades afectadas por ella.
El gobierno Duque ha pretendido más que concertar imponer, su Propuesta Integrada de Delimitación de Santurbán que, como su predecesora, la delimitación de la Resolución 2090, es una delimitación que conceptualizo como exprés político- minera, sin estudios científicos suficientes y pertinentes, y al servicio de la minería.
Negar la licencia ambiental a Minesa y a todo proyecto de megaminería ubicado por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga (después de todos los devaneos que ha tenido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) frente a Minesa, durante los gobiernos de Duque y Santos) amparado en la Constitución y la normatividad ambiental, y, mejor aún, ni siquiera dar trámite a estos proyectos amparados en dicha legislación.
Revisar y renegociar el TLC con Canadá, suscrito en 2008, que tiene a Colombia ad portas de hacer un cuantioso desembolso ante demanda interpuesta por la multinacional canadiense Eco Oro (otrora Greystar) por 736 millones de dólares, basada en este acuerdo con Canadá. Un Tribunal de Arbitramento del CIADI (Banco Mundial) ya dictaminó que Colombia infringió el Artículo 805 del TLC en mención.
Petro debe revisar, con lupa, las negociaciones que adelantó Duque, en el intento de firmar un TLC exprés con Emiratos Árabes, más cuando la multinacional Minesa, se constituyó emiratí-canadiense (Fondo Mubadala y Aris Gold; de Emiratos Árabes y Canadá, respectivamente).
No nos conviene a futuro una demanda de Minesa, al no satisfacer sus objetivos extractivistas (con el nefasto antecedente de Eco Oro/TLC Colombia-Canadá), a la luz de TLC onerosos e inequitativos firmados con Canadá y, próximamente, con Emiratos Árabes. Los TLC no pueden convertirse en el doble seguro de las multinacionales para que, si no ganan explotando nuestros recursos al negárseles la licencia, lo hagan demandando, por sumas estratosféricas, al Estado colombiano.
