La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al presidente del Concejo de Barichara, Miguel López Bohórquez (2015), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de capacitación para el personal administrativo del ente municipal.
Al parecer, el funcionario habría ejecutado y cancelado los servicios, sin contar con estudios previos, contrato, ni haber realizado la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Con este comportamiento el concejal habría podido incumplir los principios de transparencia y economía de la contratación estatal.
Entre las normas transgredidas el ente de control citó el Decreto 1082 de 2015 que contempla en la sección segunda que “los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato (…)”.
Así mismo, el investigado habría podido incumplir la Ley 734 de 2002 que establece como falta gravísima en el numeral 31 del artículo 48 “participar en la etapa precontractual, (…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal (…).
En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de San Gil calificó la falta de López Bohórquez como gravísima cometida con culpa gravísima.
En ejercicio del derecho a la defensa que le asiste, el expresidente del concejo de Barichara podrá solicitar o aportar las pruebas que estime pertinentes.
