Son más de 6 plantas de sacrificio avícola en Santander que se encuentran en esta situación, pues no han podido obtener autorización sanitaria de parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima.
Según el decreto 1500 de 2007 exige la presencia de un inspector que debe ser enviado por el Invima pero pagado por los micro empresarios, quienes anunciaron que no cuentan con el dinero.
“Es un costo que nos están aplicando como a las grandes empresas como a los pequeños empresarios que no podemos solventar, ya que es un costo muy grande”, señaló Carlos Barbosa, vocero del gremio.
Adicional a ello, los empresarios manifiestan que durante 13 años el instituto les estableció un cupo limitado de sacrificio de aves, “nosotros estamos en desventaja con las grandes empresas porque nos quieren implementar los mismos inspectores de las grandes empresas cuando nosotros tenemos un tope de sacrificio de estos animales”, manifestó Barbosa.
El gremio manifestó que esta situación afecta directamente el bolsillo de los colombianos, pues el precio del pollo tendrá que subirse.
