La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por tres meses a los alcaldes de Cabrera, Santander, Carlos Alberto Bautista Useda (2016-2019) y Néstor Álvarez Mantilla (2012-2015), por incumplir una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander.
El ente de control demostró que, a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas por el apoderado y la quejosa, Bautista y Álvarez omitieron apropiar dentro del presupuesto, los dineros para pagar los sueldos y prestaciones devengados por una docente que fue separada del servicio entre marzo de 1994 y abril de 1998.
Los disciplinados vulneraron el literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1996, que señala que, además de las funciones constitucionales y legales, los alcaldes ordenarán los gastos, y celebrarán los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.
A juicio de la Procuraduría, se debieron hacer las apropiaciones necesarias y suficientes, conforme lo establecen las normas presupuestales, para atender lo ordenado mediante decisión judicial, teniendo en cuenta que es deber del Estado responder por los daños antijurídicos que le sean imputables (artículo 90 de la Carta Política).
La conducta de los entonces mandatarios fue calificada por la Procuraduría Regional de Santander como grave, cometida a título de culpa grave, por no observar el cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones.
Para el Ministerio Público Bautista Useda y Álvarez Mantilla desconocieron, entre otros, los principios de eficacia e imparcialidad que rigen la administración pública.
